*Consideraciones sobre el desalojo de La Fábrica de Sombreros*


Publicado el 4 de junio de 2009 *en /El Correo de Andalucía/*

Por Esteban de Manuel, director del máster en Gestión Social del
Hábitat.

El pasado día 2 de junio, un gran operativo policial procedió a
ejecutar la orden judicial de desalojo de la Fábrica de Sombreros. El
lunes pasado, los jóvenes que ocuparon el edificio abandonado, para
poner en marcha el Centro Social Okupado Autogestionado La Fábrica de
Sombreros, presentaron ante el juzgado, en vano, sus alegaciones. Las
acompañaron de un amplísimo dossier de actividades realizadas desde
mayo del año pasado. El poder judicial hace prevalecer los derechos de
la propiedad, el grupo inmobiliario Tempa, sobre cualquier otra
consideración. Y el Estado, a través de la Policía, pone todos sus
medios para cumplir esta orden. Hasta ayer el edificio estaba vivo,
había sido patrimonializado. Hace una semana estuvimos impartiendo
clase allí del máster de Gestión Social del Hábitat. ¿Qué mejor
lugar que ese, en ese momento, para hablar de las experiencias llevadas
a cabo por la iniciativa social para mantener vivo el barrio en las
últimas décadas? Iniciativas que, en muchos casos, han sido
antagónicas con los intereses del mercado, demasiadas veces respaldados
por la forma dominante de entender el papel de la administración
pública bajo los vientos neoliberales. Hasta hace una década
funcionaba aún el edificio como fábrica de sombreros. Desde mi casa,
escuchábamos todas las mañanas la sirena que indicaba el inicio de la
jornada laboral. De allí salían sombreros para todo el mundo. Hoy, el
edificio está clínicamente muerto. ¿Qué podemos aprender de este
episodio?

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio viene desde
hace años promoviendo iniciativas para revitalizar las ciudades.
Primero fue en Córdoba, en 2004, organizando el Foro El corazón que
late y desde 2007 poniendo en marcha el proyecto La Ciudad Viva. El
Centro histórico es el corazón de la ciudad. De su buena salud depende
la buena salud de toda la ciudad. Y esa buena salud es inversamente
proporcional a las operaciones de cirugía plástica que se le
practican. Asistimos a procesos de museización de los cascos antiguos
de nuestras ciudades. Mejora la imagen física y desaparece la vida de
barrio, los vecinos, los artesanos, las actividades productivas. Todo
ello debido a la mercantilización extrema de un lugar de gran carga
simbólica. El barrio de San Luis es escenario de esas operaciones desde
que el Ayuntamiento aprobara el Plan Urban a inicios de los noventa.
Desde entonces, vemos cómo desaparecen casas de vecinos, cómo muchas
ancianas y ancianos se van con lo puesto a la calle, mientras ahora, por
todas partes se ven carteles de (NO) SE VENDE, colgando de las ventanas
de esos edificios –antes habitados y hoy excedentes de cupo– de un
mercado que sólo ha hecho un millón y medio de viviendas de más. ¿Es
ése el destino que queremos para La Fábrica? ¿Qué o quiénes mataron
a la fábrica? Más precisamente, ¿qué hizo que la fábrica se
marchara a un polígono industrial? La ley del mercado, podría decirse.
Nadie o todos, según se mire, unos con más responsabilidad que otros.

Alguna responsabilidad más tendrán los antiguos propietarios que
solicitaron una recalificación favorable del suelo que ocupaban que les
permitiera vender la fábrica a buen precio y con ello trasladarse a un
polígono más accesible. ¿Era necesario? Probablemente unos
industriales más inteligentes hubieran sabido rentabilizar el valor
patrimonial que tenía su edificio. Pero la inteligencia de la razón
económica es ciega a demasiadas cosas. Evidentemente estaba en manos de
la administración, de los redactores del Plan de Sevilla, no ceder con
gusto a esas pretensiones. Pero la razón técnico-económica también
ha jugado aquí en contra. Ha sido un lugar común en los últimos años
que para poder hacer un bien había que tragar alguna cantidad de mal.
Por ejemplo, para poder hacer una plaza, como la cercana de José Luis
Vila, había que pagar el precio de hacer un lucrativo aparcamiento
debajo flanqueado de viviendas, aunque eso fuese incompatible con dotar
a la plaza de árboles. Hoy tenemos allí una plaza inhabitable seis
meses al año, con una triste sombrilla de terraza de bar por toda
sombra. Hasta ahí llega lo que es capaz de producir esa lógica
mezquina.

Pues bien, los redactores del Plan, técnicos y políticos, entendieron
que para salvar una parte de la fábrica había que promover una
operación de viviendas y de aparcamiento. ¡Con lo barato que hubiera
sido mantener la calificación de uso industrial en la parcela y
negociar con la fábrica su permanencia, incluso con ayudas para la
rehabilitación del patrimonio! Un programa de puertas abiertas hubiera
permitido que todos disfrutáramos de ese magnífico patrimonio vivo.
Pero ésa es otra forma de usar la inteligencia algo más compleja. Esa
decisión, plasmada en el ARI DC-04 del Plan de Sevilla, es la madre de
todo lo que vino después. Señalada y aprobada el área de oportunidad
de negocio, le faltó tiempo al grupo inmobiliario Tempa, con amplia
experiencia en especulación urbana, para hacerse con ella. De nada
sirvieron las alegaciones que contra ese ARI promoviéramos desde la red
ciudadana La Sevilla que Queremos. Posteriormente, el ayuntamiento
pareció dar marcha atrás y se comprometió a expropiar el edificio
para su uso como equipamiento social, tal y como propone el programa de
actuación del área de rehabilitación concertada del Casco Antiguo.
Este magnífico edificio del arquitecto regionalista José Espiau
Muñoz, pieza de un valor único dentro de la arquitectura industrial
andaluza, sería un magnífico lugar donde ubicar un museo dedicado a
dar a conocer el Patrimonio Industrial Andaluz, entre otras muchas
funciones compatibles. El incumplimiento de esta promesa fue lo que
llevó al colectivo okupa a tomar la iniciativa. Y su valerosa medida ha
hecho mucho porque los ciudadanos de Sevilla conozcan este patrimonio
ahora en peligro. Y le han devuelto la vida llenándolo de actividad y
realizando algunas tareas de mejora y mantenimiento. Ahora, la
responsabilidad de lo que ocurra con nuestro patrimonio está en manos
del Ayuntamiento y de la Junta. Y a los ciudadanos nos corresponde
recordárselo y exigirles que actúen en consecuencia. Confiemos aún en
que así sea.