/*El Parlamento Europeo realizó hace unos meses una investigación en 25
estados de la UE sobre las condiciones de acogida, tanto para
inmigrantes como para demandantes de asilo. El balance es desalentador.*/


La recién aprobada Directiva de Retorno, inmediatamente apodada "de la
Vergüenza", autoriza, entre otras medidas, la detención de los
inmigrantes en situación administrativa irregular (incluyendo a los
menores) por un plazo de hasta 18 meses, en los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE), centros de detención diseminados por todo el
territorio europeo. Apenas unos meses antes, el mismo Parlamento Europeo
publicaba un Informe sobre las condiciones de los CIE en Europa, cuyas
conclusiones y recomendaciones chocan frontalmente con las medidas
previstas en la Directiva.

El informe, elaborado tras una visita directa a diferentes centros de 25
de los Estados de la Unión Europea con el apoyo de diferentes
asociaciones locales de defensa de los derechos humanos, cuenta con unas
250 entrevistas personales entre inmigrantes "detenidos" y personal que
trabaja en los mismos. Es hasta ahora una de las radiografías más
completas de las condiciones de detención de los inmigrantes y
demandantes de asilo en la UE. En términos generales, aparte de recordar
la "peculiaridad" jurídico-administrativa del encierro de personas que
no han cometido ningún delito sino una infracción administrativa (no
tener la documentación en regla), el panorama que esboza la
investigación es simplemente abrumador : la mayoría de los centros son
instalaciones "recicladas" para la detención de inmigrantes, cuyas
condiciones no han sido adaptadas para el alojamiento de personas, o
módulos de cárceles (el caso de Irlanda) o de comisarías de policía en
las cuales tienen que convivir con personas condenadas penalmente. El
informe subraya también la "inhumanidad" de alguna situaciones extremas
(barracones en Italia y plataformas flotantes en Holanda) ; las
condiciones higiénico-sanitarias son generalmente consideradas
"decentes", aunque en la mayoría de los países de la frontera sur los
términos empleados son "inhumanos y degradantes" (Estado español,
Italia, Grecia, Chipre y Malta).

El régimen interno aplicado a los inmigrantes y demandantes de asilo se
parece, en la gran mayoría de los centros, al adoptado por las
instituciones penitenciarias, o sea confinamiento en pequeñas celdas,
reglamentación rígida de las actividades de ocio y de disfrute de los
espacios libres, restricción de contactos con el exterior, celdas de
aislamiento utilizadas de manera arbitraria por el personal del centro
(casos francés y español) con la 'pequeña' diferencia que en este caso
no se trata de personas condenadas a penas de reclusión.

El informe resalta el agravante de que este tipo de encierro comporta un
deterioro del estado físico y mental parecidos a el de los condenados a
penas privativas de la libertad. Deterioro que, subrayan los
investigadores, se agrava cuanto más tiempo la persona pasa en estos
centros y cuanto más se le dificulta el contacto con asociaciones que le
puedan proporcionar un apoyo que no encuentra en el interior del centro.
Asimismo, se señala la falta de información y asesoramiento de tipo
legal, dificultado por los escasos contactos permitidos con el exterior
y por la falta de preparación adecuada del personal del centro, lo que
aumenta la sensación de precariedad y de pérdida de control sobre su
propia vida. Esto lleva, como en un círculo vicioso, a un posterior
deterioro de las condiciones de la persona encerrada, aún más
preocupante si se tiene en cuenta que la asistencia de tipo sanitario y
psicológico resulta sumamente escasa (cuando no prácticamente
inexistente, como en los centros de la frontera este de la UE).

La investigación subraya las condiciones todavía más extremas de
determinados colectivos especialmente vulnerables como los menores y las
mujeres embarazadas o con niños pequeños.

Finalmente, el informe recoge recomendaciones para la UE y sus estados
miembros : aplicación de los Tratados Internacionales en materia de
derechos humanos, prioridad de la atención medica sobre los controles de
tipo policial, prohibición del internamiento de menores, posibilidad de
acceso para las asociaciones civiles, posibilidad de una asistencia
legal y de intérpretes y, sobre todo, una reducción de los tiempos de
retención, para evitar el deterioro de personas que, siempre según el
informe, tendrían que ser consideradas "potencialmente vulnerables". En
resumen, lo contrario de lo que prevé la Directiva de la Vergüenza.