Unas 3.000 personas según los organizadores y poco más de un
millar según la Policía se manifestaron hoy en París contra el
proyecto de directiva de retorno que armoniza en la Unión Europea
(UE) los criterios de retención y expulsión de inmigrantes
ilegales, bautizada como la 'directiva de la vergüenza'.

Los manifestantes, entre los que había 'sin papeles', recorrieron
alrededor de un kilómetro y medio en el centro de París, no lejos del
Ministerio de Inmigración, detrás de una pancarta que rezaba: 'Contra la
directiva europea sobre inmigración, por una Europa solidaria'.

La protesta, que se desarrolló sin incidentes, había sido convocada por
varias organizaciones y partidos, entre ellas los Verdes, la Liga de los
Derechos Humanos y la Red de Educación Sin Fronteras, muy activa en la
lucha contra la expulsión de familiares con niños escolarizados en Francia.

La directiva establece para los inmigrantes ilegales un periodo de
salida voluntaria de siete a treinta días y un período máximo de
retención de seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales para los
indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la
documentación de países terceros.

A los expulsados también se les puede prohibir durante cinco años la
entrada a territorio europeo.

El texto obliga a los países miembros a brindar asistencia legal
gratuita a los inmigrantes ilegales de países terceros.

Con el proyecto, la UE intenta lograr una equiparación de mínimos sobre
las normas de retención y retorno de los sin papeles, ya que actualmente
hay muchas diferencias entre los veintisiete miembros de la Unión.

Nueve países -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia,
Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de
retención de los indocumentados, por lo que pueden estar internados de
forma indefinida.

En otros casos, como el de Francia, la detención máxima es en la
actualidad de 32 días.

Los extranjeros ven en este proyecto un intento de convertir a Europa en
una fortaleza y de criminalizar la inmigración.

El texto de la directiva fue aprobado el pasado 5 de junio por los
ministros del Interior europeos, pero para poder entrar en vigor como
está previsto en 2010 aún necesita el respaldo del Parlamento Europeo,
que se pronunciará el 18 de junio.