Los Verdes pregunta al Gobierno por la actuación policial en el desalojo de Casas Viejas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El diputado de Los Verdes adscrito al Grupo Socialista del Congreso Francisco Garrido se ha dirigido al Gobierno a través de una pregunta parlamentaria en la que reclama información sobre la actuación de la Policía en el desalojo de Casas Viejas, en Sevilla capital, de la que denuncia la "actitud de criminalización" del movimiento ocupa, por parte de la Policía, la Delegación del Gobierno y los medios de comunicación.

En la pregunta, a la que tuvo acceso Europa Press, Garrido quiere que el Gobierno aclare "cómo es posible que, sin ninguna prueba, la Policía se permita acusar de algo tan grave como es colaboración con organizaciones terroristas al movimiento de ocupación", en referencia a las declaraciones de la portavoz de la Policía de Sevilla, Ana Cambón, que sostuvo públicamente "la verosimilitud" de que los ocupas pudieran tener una conexión con el entorno de la organización terrorista ETA.

"¿Cree el Gobierno las declaraciones de la portavoz de la Policía de Sevilla, doña Ana Cambón, estableciendo una conexión entre el movimiento ocupa y la organización terrorista?"; "¿Le parecen al Gobierno prudentes y ajustadas a derecho estas declaraciones tan graves, hechas por una portavoz de la Policía?", pregunta el diputado sevillano.

Así las cosas, Garrido reprobó que el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, "no haya desmentido nada" mientras que las "'sólidas pruebas'" aportadas hasta el momento para probar la supuesta vinculación "son algunos carteles escritos en una de las lenguas oficiales del Estado español (el 'euskara batua') o el asesoramiento para la construcción del túnel escavado por los ocupantes".

"Estas 'sólidas pruebas' --ironiza-- inauguran una nueva línea investigación del terrorismo, que podría enunciarse del siguiente modo: 'Son sospechosos de colaboración con banda armada aquellos que tienen algún tipo de competencia lingüística en el manejo del euskera (leen, hablan, escriben) o poseen conocimiento en construcciones de túneles'". SUPUESTO MALTRATO POLICIAL.

Por otro lado, pide al Ministerio de Interior que aclare si "son ciertas las denuncias de los desalojados sobre el maltrato policial", ya que, según recoge, durante el desalojo del local de la plaza del Pumarejo "y ante la resistencia pacífica y no violenta de alguno de sus ocupantes se han producido denuncias de éstos sobre un posible maltrato por parte de la Policía" mientras que ésta ha reaccionado amenazando con querellas a los ocupantes.

En este sentido, pregunta si la Delegación del Gobierno ha abierto alguna investigación sobre estas denuncias y qué opinión tiene del uso de amenazas de querellas por parte de la Policía, "cuando ésta es juez y parte en la investigación". En la misma línea se pregunta "por qué ha participado la Policía y la Delegación del Gobierno en la criminalización de un movimiento social?" y "por qué no ha distinguido la actuación policial y de la Delegación del Gobierno entre una conducta de desobediencia civil pacífica, como la tenida por los desalojados, de una conducta delictiva común".

"Que la Policía y la Delegación del Gobierno no sepan distinguir entre actos de 'desobediencia civil' y actos de delincuencia común denota las graves carencias de cultura democrática que tienen todavía en España los Cuerpos de Seguridad del Estado y los mismos partidos políticos", señaló.

Para Garrido, "resulta bastante difícil de entender que en un Estado democrático de Derecho, gobernado por la izquierda, se criminalice a movimientos sociales como el de ocupación", que, a su juicio, forman parte de un "saludable entramado de iniciativas y acciones colectivas y ciudadanas contra la especulación, la destrucción y la corrupción urbanística".