Según explicó a Europa Press el letrado de la propiedad, Miguel �ngel León, frente a la solicitud de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla presentada el pasado viernes por los representantes legales del Centro Social no descartan solicitar la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla, si bien esperaran a poder estudiar el recurso de apelación detenidamente.

En este sentido, el letrado señaló que tiene los permisos legales para construir en la zona "y ellos son los propietarios acreditados de estos inmuebles", por lo que quieren que "cuanto antes estas personas lo desalojen".

La asamblea extraordinaria del centro se reunió el pasado martes, y decidió seguir adelante con las actividades del CSOA, aplazando no obstante muchas de las decisiones más importantes para el futuro más próximo del centro a la próxima semana.

La organización de la campaña de información y gestión del centro hasta que el desalojo finalmente se haga efectivo, en el supuesto de que se produzca, es uno de los puntos que aún debe discutirse. En este sentido, los ocupantes del inmueble aún no saben con certeza si llevarán a cabo acciones tales como la manifestación protagonizada hace algunos meses por diversos colectivos sociales, en defensa de la actividad de estos jóvenes.

No obstante, la totalidad de los ocupantes y responsables del centro han decidido continuar, "de puertas para afuera, con las actividades y la información pública del centro", sin que éstas "cesen en ningún momento".

La resolución del Juzgado de Primera Instancia número 24 reconoce a la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán como legítima propietaria de la finca y ordena el desahucio de los actuales moradores del recinto y de la casa ’ocupa’ de la calle Aniceto Sáenz, así como de varios inmuebles aledaños.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, ordena el desahucio de los siete ’ocupas’ que fueron demandados y "a los demás moradores y poseedores sin título o inciertos con apercibimiento de lanzamiento si no la desalojan dentro del término legal". De este modo, el texto estima probado que la demandante es la propietaria de todos los inmuebles citados y que "los demandados, así como personas no determinadas, están ocupando sin título alguno". Para ello se basa en una comparecencia realizada por ellos ante la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado 21 de marzo de 2006 en la que exponían "que ocupaban el referido inmueble y exigían ser tenidos en cuenta por parte del expediente de ruina".

EL CASO

La demanda fue formulada por la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán contra la ocupación de estos inmuebles de su propiedad. Fue el pasado 1 de marzo de 2006 cuando las fuerzas policiales intentaron desalojar la vivienda ’ocupada’ de Aniceto Sáenz atendiendo a la denuncia presentada por los titulares de los suelos. No obstante, aquella madrugada un nutrido grupo de personas se concentró ante la fachada del inmueble impidiendo finalmente que el desalojo se llevase a cabo.

En el número 23 de la calle Aniceto Sáenz reside actualmente un grupo de ’ocupas’, mientras que en el recinto anexo, el centro social ’Casas Viejas’, este colectivo de jóvenes promueve actividades tales como conciertos, proyecciones audiovisuales y talleres; actividades que rechazan algunas organizaciones vecinales del barrio del Pumarejo, que han llegado a formular denuncias a consecuencia de las molestias derivadas de las celebraciones que se llevan a cabo en el interior del recinto.

No obstante, la asamblea que gestiona este recinto ’ocupado’ defiende que el edificio y la vivienda cumplen una "función social" y que están plenamente integrados en la sociedad y el barrio del Pumarejo al ofrecer a la juventud un lugar de encuentro en el que desarrollar sus actividades. El centro social, de hecho, cuenta con el respaldo de los colectivos de la cercana casa palacio del Pumarejo, un antiguo caserío que goza de protección por su valor histórico y cuyas estancias se dedican a los usos asociativos y a la vivienda ’no especulativa’.