A/A Sr. Subdelegado del Gobierno en Almería.

Como Ud. sabrá existe un malestar generalizado entre la población inmigrante residente en esta provincia respecto al derecho que como personas y como trabajadores tenemos de vivir en familia. En los últimos meses el legítimo ejercicio de este derecho ha sido restringido y menoscabado por una política estatal –no declarada- que aparentemente pretende retrasar, cuando no evitar, la reagrupación de las familias de los residentes extranjeros no comunitarios. En Almería los criterios son aún más rigurosos que en otras provincias. Todo ello en defensa de un supuesto ideal de integración, cuando Ud. sabe, y lo saben los millones de emigrantes españoles dispersos por el mundo, que no hay mayor garantía de integración, arraigo y convivencia que la posibilidad de vivir en familia. Pareciera que es más importante para el Estado ahorrarse gastos en educación, salud y otros recursos sociales y mantener en la precariedad económica y afectiva a los trabajadores inmigrantes, mucho más importante que garantizar el derecho fundamental de vivir en familia, y que implementar una política eficaz de integración y convivencia.

En primer lugar es vergonzante el papel de los Consulados españoles en los países de sur, en especial en �frica, donde los trámites se alargan por meses y años, y se mantiene una actitud de menosprecio hacia los familiares. Éstos tienen que viajar muchísimos kilómetros para cada trámite, hacer inmensas colas, esperar meses entre cita y cita, y encontrarse muchas veces al fin del camino con denegaciones erróneas o arbitrarias. El trabajador reagrupante nada puede hacer desde España, más que sufrir y desesperarse, ya que las distintas Administraciones no están coordinadas entre sí y es imposible intervenir desde Almería en el proceso de obtención de visados para su familia. Todo este entramado burocrático –sin garantías para el administrado- provoca en torno a los Consulados, el surgimiento de mafias y situaciones de corrupción, que se aprovechan de la situación.

Y en lo que respecta a los requisitos exigidos al trabajador residente en territorio español, además de contar con un alojamiento adecuado se le pide que pruebe que dispone de “medios de subsistencia suficientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada� (Art.18.2 LOEx). Dado que la ley no precisa la cuantía de los medios de vida, cada Administración provincial ha ido fijando y variando sus criterios, resultando que de acuerdo a donde se resida resultará más fácil o más difícil reagrupar a su familia. Almería en ese sentido se encuentra actualmente a la cabeza de las provincias más restrictivas, ya que se ha fijado un mínimo de 320 euros por miembro familiar durante los últimos seis meses (se exigen 6 nóminas) y observándose en el campo la vida laboral del año anterior.

Esto significa

1) que el trabajador al que no se le declaran todos los días de trabajo, lo que es habitual en el campo y sucede bastante en los otros sectores precarios en que trabajan los inmigrantes, se le castiga -no al empresario, sino al trabajador- con la imposibilidad de vivir con su familia.

2) que aún cuando al inmigrante se le declaren los días efectivamente trabajados y se le pague según convenio, significa que según el sector económico o la categoría del trabajador, así tendría derecho a reagrupar más o menos miembros de su familia. En el campo no podría reagrupar más que a su mujer y un hijo, con problemas para el segundo; en la construcción podría reagrupar a su mujer y dos hijos, con problemas para el tercero; y así,...

Esta situación surrealista y arbitraria obedece a que en lugar de tener en cuenta lo que verdaderamente ingresa un inmigrante o un trabajador español, y los mínimos que fijan los convenios colectivos, se ha calculado de acuerdo a las necesidades que fija el Instituto Nacional de Estadística. En la práctica se está generando un nuevo negocio en perjuicio de los inmigrantes ya que los empresarios cobran a sus empleados por librarles las nóminas legales, como normalmente deberían hacerlo. Más requisitos se exijan, más cobrarán mafias y empresarios por los documentos requeridos.

En virtud de esta situación y considerando que las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho Internacional, entre ellos el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y los arts. 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (conforme a Directiva 2003/86/CE y STJCE de 27 de junio de 2006), hacemos llegar al Sr. Subdelegado la siguiente PETICIÓN:

1) Que de manera urgente esta Subdelegación del Gobierno intervenga decididamente en exigir al Gobierno Central la implementación un servicio digno, rápido, eficaz y no discriminatorio en los Consulados Españoles –tal como si se tratara de administrados españoles-, así como garantías en la tramitación de los expedientes de visados que permitan su control y seguimiento por parte del reagrupante y que evite arbitrariedades y “errores� tan perjudiciales para las personas implicadas.

2) Que en cuanto al cálculo de los ingresos necesarios para reagrupar a sus familias se tenga en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimas efectivamente vigentes en esta provincia (conforme al Art. 7.1 de la Directiva 2003/86/CE de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar), a fin de garantizar en pié de igualdad con cualquier trabajador el derecho a vivir en familia. Si los ingresos estadísticamente necesarios para sostener una familia superan lo fijado en el SMI o en los convenios, consideramos que en lugar de castigar aún más a la “víctima� se deberíaN aumentar dichos mínimos, como corresponde a un Estado social y democrático de derecho.

3) Que sólo se exijan tres nóminas y que cuando un trabajador no pueda probar los ingresos realmente percibidos debido a que el empresario no ha declarado la totalidad de los días trabajados, se actúe decididamente a través de la Inspección de Trabajo y Tesorería de la Seguridad a fin de corregir este fraude, en lugar de castigar al trabajador que nada puede hacer para evitarlo. La correspondiente denuncia a la Inspección de Trabajo, fundamentada y apoyada en pruebas verosímiles, debería bastar para garantizar al trabajador su derecho a vivir en familia.

Agradeciendo su atención y confiando en su compromiso personal con el respeto y la garantía del derecho fundamental a la vida familiar para los trabajadores almerienses inmigrados, le saludamos a Ud. muy atentamente, a la espera de que haga lugar en el menor plazo posible a las peticiones presentadas.

En Almería, a 29 de Junio de 2007.-



Por el SOC-SAT Almería: